El private equity español ha dado un salto significativo en la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), pero ese avance es más formal que estructural. Las gestoras han incorporado políticas, reporting y marcos de referencia de forma generalizada, aunque todavía no consiguen trasladar ese esfuerzo a la medición del riesgo, la diferenciación de estrategias o la rendición de cuentas ante los inversores.
Esta es la principal conclusión del informe Evolución de la Sostenibilidad en el mercado español de Private Equity 2025, elaborado por EthiFinance, que analiza a 60 gestoras activas en España. El estudio dibuja un sector en transición: más maduro en discurso y procesos, pero aún lejos de una integración plena en la toma de decisiones de inversión.
Mucha adopción, poca medición
El grado de adopción formal es elevado. El 92% de las gestoras cuenta con políticas ASG publicadas y afirma integrar estos criterios en sus procesos de inversión. Sin embargo, este dato oculta una debilidad estructural: la falta de cuantificación. Aunque el 82% identifica riesgos de sostenibilidad, solo el 3% los traduce en métricas financieras.
Este desfase es clave. Sin cuantificación, los factores ASG difícilmente se incorporan al análisis económico real de las inversiones. En la práctica, siguen funcionando como un filtro cualitativo o reputacional, pero no como un elemento determinante en la valoración de activos o en la asignación de capital.
La transparencia muestra avances, aunque insuficientes para los estándares que exige el inversor institucional. En 2025, el 52% de las gestoras publica informes ASG, frente al 43% del año anterior, y el 47% incluye información climática en estos documentos. Aun así, casi la mitad del sector sigue sin divulgar información de forma sistemática.
Este dato pone de relieve una brecha relevante: el reporting mejora, pero no se ha convertido todavía en una herramienta homogénea y comparable. En muchos casos, la información sigue siendo parcial, difícil de contrastar y orientada más al cumplimiento normativo que a una verdadera rendición de cuentas.
Exclusiones en retroceso y auge de la transición
Las políticas de exclusión se consolidan como un estándar del sector. El 83% de las gestoras publica listas de actividades excluidas, generalmente alineadas con referencias internacionales como la Corporación Financiera Internacional (IFC), que incluyen sectores como armas, tabaco, juego o determinadas actividades con alto impacto ambiental o social.
Sin embargo, el informe detecta un cambio de tendencia significativo: la reducción de exclusiones relacionadas con carbón y combustibles fósiles, incluso entre las gestoras más avanzadas. Este movimiento apunta a un giro estratégico, desde enfoques tradicionales basados en la exclusión hacia estrategias de transición.
En este contexto, los enfoques especializados siguen siendo minoritarios. La inversión de impacto avanza ligeramente, pasando del 25% al 28% de las gestoras, mientras que las estrategias de transición retroceden hasta el 17%. En conjunto, la mayoría del sector continúa operando con estrategias ASG generalistas, sin una diferenciación clara por tipo de producto.
Las barreras son conocidas: falta de estándares homogéneos, dificultad para medir resultados y una elevada incertidumbre regulatoria. A ello se suma el riesgo creciente de “impact washing”, lo que ha impulsado iniciativas como el Código de Buenas Prácticas de SpainNAB para acotar qué se considera inversión de impacto y reforzar la credibilidad del mercado.
Si hay un ámbito donde el retraso es más evidente es la biodiversidad. Solo el 8% de las gestoras cuenta con un enfoque específico en esta temática, pese a que ya se reconoce como un riesgo financiero material. En el caso de España, esta brecha es especialmente relevante, dado el peso de sectores dependientes de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, el turismo o la gestión del agua.
Regulación: catalizador y factor de polarización
El entorno regulatorio sigue siendo uno de los principales motores —y al mismo tiempo una fuente de incertidumbre— para el sector. La revisión del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) introduce cambios relevantes, como nuevas categorías de productos (Transición, ESG básicos y Sostenible), mayores exigencias de asignación de activos y un enfoque más centrado en el producto que en la entidad.
Este nuevo marco busca simplificar la normativa, reforzar la transparencia y reducir el riesgo de greenwashing, pero su implementación está generando un efecto de polarización. Las gestoras más avanzadas están reforzando su posicionamiento en productos sostenibles, mientras que las menos maduras optan por reducir su exposición ante la incertidumbre regulatoria.
El verdadero reto: pasar del discurso a la ejecución
En este contexto, el private equity español ha superado claramente la fase de adopción de criterios ASG. La sostenibilidad ya no es un elemento diferencial, sino un estándar del mercado. Sin embargo, el verdadero reto comienza ahora.
El sector necesita avanzar hacia una integración más profunda, basada en tres pilares: la capacidad de medir y cuantificar riesgos e impactos, la diferenciación real de las estrategias más allá de enfoques generalistas, y una transparencia que permita a los inversores comparar y evaluar de forma consistente.
Sin estos elementos, el ASG seguirá siendo, en gran medida, una narrativa bien estructurada, pero todavía insuficientemente integrada en el núcleo de la inversión.
