“A la hora de extraer pickup de rentabilidad, el mercado se enfrenta a dos retos que tienen que ver con la medición”, señala María Concepción Bravo, quien confía en que se superen gracias a herramientas de inteligencia artificial. El primero tiene que ver con el hecho de que, al hacer un asset allocation en función de criterios ESG, “no implica tener que renunciar a la rentabilidad, pero sí ser muy ortodoxos a la hora de intentar medir el retorno no financiero que buscamos en una inversión ilíquida. La idea no solo es obtener esa rentabilidad positiva que buscamos todos, sino que además veas un impacto tangible en la sociedad”.

En este punto, reconoce que mientras el cliente institucional demanda y entiende este enfoque, en el proceso de democratización hacia el inversor particular, “todavía hay que dar un paso importante a la hora de explicar las fuentes de rendimiento”.

El segundo es la medición del impacto de la sostenibilidad en sí mismo y el uso de la due diligence para conseguirlo, garantizando que los gestores realmente la están cumpliendo. A su juicio, esta auditoría “tiene que ser algo muy dinámico, adaptándose a las nuevas posibilidades de inversión” y reclama al regulador que estandarice este reporting: “Como gestores de gestores, la información que esperamos recibir de los managers es un reporting estándar que nos permita medir y cuantificar de alguna manera algo que ya existe en los mercados líquidos, como los índices. La due diligence que hacemos sobre el track record del gestor, el comportamiento de los ciclos o el compromiso del equipo, tiene que aplicarse al impacto en términos de sostenibilidad”, concluye la responsable de Inversiones Alternativas de Mapfre AM.

“La sostenibilidad ha venido para quedarse. No es una moda de carácter temporal porque haya una corriente de un regulador que marca una línea, sino que es la propia sociedad la que está marcando la necesidad de cambiar el modelo. Y en el sector financiero, como catalizador y agente de cambio, tenemos el rol de dinamizar y hacer que las cosas funcionen de manera distinta con respecto a los últimos 50 años”. Así arranca David Martín su intervención sobre cómo está la cuestión normativa.

Considera que el regulador debería “apuntalar que lo que se está haciendo sea medible y haya una clara distinción entre lo que marca, cómo se cumple y lo que se hace”. Como ejemplo, nos lleva al momento en que Tikehau hace la due diligence de una compañía: “Presentamos a un Comité de Impacto qué es lo que vamos a hacer y cuál es la hoja de ruta desde el punto de vista de la sostenibilidad. Para ello, nuestros equipos internos de ESG se apoyan en un consultor externo de cara a diseñar qué vamos a hacer en los próximos años en materia de sostenibilidad y cómo vamos a medir su impacto: si no es medible, no forma parte de nuestra hoja de ruta. Por último, establecemos cómo vamos a alinear al equipo directivo con estos objetivos”.

Detrás de este modelo está la exigencia de los propios inversores de una mayor visibilidad en los próximos años. “El hilo conductor que tenemos que afrontar es cómo alineamos toda la cadena de valor, desde el sector financiero hasta las propias compañías. Cómo abordamos ese alineamiento de intereses para que todos entendamos que hay que ir en la misma dirección. Hay muchas formas de hacerlo, pero desde luego hay una que es incuestionable: definir muy claramente cuál es el marco de actuación en las compañías en las que invertimos y que ese marco de actuación tenga un impacto que sea medible”, advierte el responsable de Private Equity Iberia de Tikehau Capital.

Sobre el proceso de due diligence, Víctor Monje afirma que “son, de lejos, mucho más fuertes y exhaustivas que las de hace una década. Hay una mayor concienciación social y medioambiental que nos hace recorrer una milla más dentro de este proceso de análisis”. Eso se traduce en que “al factorizar ámbitos medioambientales, sociales y de governance en la due diligence del activo y de su entorno, se introduce un mayor filtrado a la hora de seleccionar el activo en el que vamos a invertir, aumentando su calidad y reduciendo la volatilidad. Esto permite ofrecer a los inversores mucha más predictibilidad del retorno a entregar”.

Afirma que el regulador juega un papel clave. “A nivel global, hemos apreciado cómo los subsidios para favorecer la sostenibilidad han sido fundamentales, facilitándonos la vida para invertir en este tipo de infraestructura. En contraposición con otros activos, es un punto muy relevante, ya que la inversión en fondos ilíquidos requiere estar invertido en el largo plazo”.

También reconoce la necesidad de medir, pero reclama sentido común. “Llevamos muy pocos años midiendo el impacto en términos de sostenibilidad y hasta ahora se ha hecho de una forma poco organizada. No podemos correr antes de andar, necesitamos seguir recolectando datos y decidir cómo estandarizarlos en un formato simple, evitando complejidad”, dice el responsable de Iberia de Schroders Greencoat, recomendando ir paso a paso. Primero, trabajando el concepto de la transparencia y de compartir toda la información que sea posible, “idealmente evaluada a través de un consultor independiente”, para que, posteriormente, el regulador defina qué es artículo 8 y artículo 9. “Es importante ser pragmáticos y simplificar. Los KPIs están bien definidos cualitativamente a nivel medioambiental, social y de governance. Sin embargo, a nivel cuantitativo todavía queda camino por recorrer. Debemos seguir recolectando datos para que en el corto/medio plazo, el regulador pueda indicarnos cuál es el benchmark que debemos alcanzar”, concluye.

Pone el punto de atención con la regulación, Claudia Antuña, socia y responsable de Sostenibilidad de Afi, si bien “reconociendo la necesaria involucración del regulador, como palanca de cambio, que es lo que ha hecho que la sostenibilidad ocupe un papel protagonista en los últimos años”. La experta echa en falta más incentivos para fomentar la inversión sostenible y no “únicamente” imposiciones normativas a nivel de información, aunque también sean imprescindibles.

Explica que, siendo la regulación necesaria, la sostenibilidad, “precisamente por ser muy plural en cuanto al término, se puede integrar de muchas maneras, lo cual exige un elevado grado de transparencia en el mercado, que a su vez ha supuesto grandes esfuerzos a las sociedades gestoras”. Recuerda que en los últimos dos o tres años, las entidades han priorizado cumplir con todos los checks de cumplimiento normativo exigidos y, ahora, es momento de capitalizar esos desarrollos y empezar a generar valor con todo lo que se les ha requerido. Una tarea que, además, obliga a las gestoras a “ayudar al inversor a traducirlo”.

Opina que “hay que hacerle ver al inversor que esto no es una cuestión de buenismo”. Argumenta esta afirmación haciendo referencia a los objetivos del Plan de Acción de la Comisión Europea de 2018, que reconocen que las variables de sostenibilidad inciden sobre los riesgos financieros, pudiendo generar un impacto sobre la valoración de la inversión, “con lo cual uno de los principales objetivos es entender qué políticas y mecanismos de prevención tienen las compañías para poder mitigar dichos riesgos y su impacto financiero”. Añade que la operativa es “identificar las variables de sostenibilidad materiales, es decir, aquellas que se pueden poner en precio y afectan a la valoración de la compañía o al riesgo reputacional. Ese es el punto por el que tenemos que empezar: hacer un uso mucho más eficiente de toda esa información que nos ha obligado a recopilar el regulador y empezar a trasladarlo a la generación de valor”, insiste.

Eleva el tono crítico hacia el exceso de regulación Juan Jesús Gómez, socio-fundador de Consilio, que reprocha que “muchas veces se diseñen las normas sin tener en cuenta cómo son los procesos en la economía real”. Coincide en la cantidad “absolutamente disparatada” de normativas que provocan, “aparte del colapso de las entidades, un problema de rentabilidad para las mismas. El exceso de regulación, al final, lo que te lleva es a que sea muy difícil cumplirlo y que se fomente la confusión”.

Reconoce que la regulación es necesaria, pero cuestiona el tipo de normas tanto en Europa como en EE.UU., “que se han convertido en expertos de la regulación del gasto público”. A su juicio, en ambos casos lo que desemboca es que la sostenibilidad sea “altamente inflacionista”.

Advierte, además, que hay que mirar más allá de estas dos regiones y apunta a Asia, cuya población y poder adquisitivo está aumentando, lo que a la postre redunda en un aumento de la demanda de recursos naturales. En su opinión la clave no está en la prohibición, sino en hacer que las compañías sean más eficientes y emitan menos gases contaminantes para que sean más sostenibles.

“Lo que quiero decir”, señala a renglón seguido, “es que, desde hace años, el private equity, sin que hubiera prácticamente regulación, se toma muy en serio la mitigación de los riesgos sostenibles. Sin duda, la mejor sostenibilidad es la que emerge desde abajo”, concluye Juan Jesús Gómez.