18 asociaciones empresariales y profesionales estiman que debe mantenerse el tratamiento actual de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria. Así lo han hecho saber mediante un comunicado conjunto ADECOSE, AEB, AEDAF, AMAEF, ASCRI, ATA, CECA, CEOE, CEPYME, la Confederación Española de Mutualidades, el Consejo General de Colegios de Mediadores, FECOR, el Instituto de Actuarios Españoles, el Instituto de Estudios Económicos, INVERCO, OCOPEN, UNACC y UNESPA
Las asociaciones se oponen a la medida incluida en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 en la que se rebaja de 8.000 euros a 2.000 euros los límites anuales de aportación a sistemas de previsión social individuales y también a los del cónyuge. “Esto afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los trabajadores autónomos”, afirman.
En España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida, señalan en el comunicado. “Muchos de ellos son empleados por cuenta propia”, añaden.
En su opinión, “la encomiable intención del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial en España no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión”.
Desde su punto de vista, creen que el ahorro individual para la jubilación es necesario por varias razones, siendo la estructura del mercado laboral español la pirmera de ellas. “El establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite notoriamente inferior, es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española”, puntualizan.
Esta medida afectaría, según estas asociaciones, especialmente a las más de 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social y a los empleados de las pymes. “Se debe posibilitar a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador”, subrayan.
Por otro lado, consideran que la cuantía insuficiente de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual bajo los nuevos parámetros sería insuficiente. Tal y como reflexionan, “a razón de 2.000 euros por año, un autónomo podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero. Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual insuficiente para complementar la pensión pública de un trabajador autónomo y garantizarle unos ingresos totales adecuados”.
Otro elemento a tener en cuenta para Inverco, Unespa y otras 16 asociaciones es la irregularidad de los ingresos del trabajo. Según contextualizan, “las crisis económicas son fenómenos cíclicos y se materializan varias veces a lo largo de la vida laboral de las personas, como demuestra la experiencia de las primeras dos décadas del siglo XXI. Por este motivo, debe permitirse a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia, recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos”.
En definitiva, creen que los límites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral.
Para las asociaciones, debería mirarse la experiencia internacional de varios países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos fiscales adicionales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales como individuales. “La reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos”, apuntan.
Por último, recuerdan que el tiramiento tratamiento fiscal del sistema de previsión social no genera beneficios, sino que suponen un mero diferimiento fiscal. “La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones”.
Por lo tanto, opinan que toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo.