Las gestoras están divididas sobre el impacto que tendrá la Directiva que regulará la gestión alternativa (AIFMD) en la industria. Unas valoran los aspectos positivos que supondrá, a través del pasaporte, la posibilidad de tener acceso a clientes europeos o las oportunidades que abrirá a domicilios capaces de ofrecer los servicios adecuados, pero para otras entidades los costes son una pesada losa que impiden ver el vaso medio lleno.
En general, el argumento más utilizado por los que ven en la directiva una oportunidad es el pasaporte, que permitirá un mayor acceso, regional y por inversores, que los formatos tradicionales de private placements o hedge funds. “Desde el punto de vista de la gestora supone una gran oportunidad en la medida en que será más fácil para todos vender en Europa”, comentaba Maarten Nauta, asesor legal en la firma holandesa Bouwfonds REIM, en el marco de una conferencia sobre la industria alternativa organizada por ALFI, la asociación de fondos luxemburguesa, y celebrada recientemente en Luxemburgo.
Para Hermann Wüstefeld, responsable de gestión de fondos cerrados en DWS Finanz-Service en Fráncfort, los clientes estaban pidiendo la protección que favorece la normativa: “Los inversores quieren una mejor gestión de riesgos y otros requisitos que exige la ley”. Por eso cree que los costes que implica el cumplimiento de la ley compensarán con la obtención del pasaporte, que permitirá llegar a más inversores y aplicar economías de escala. Los expertos también mencionan las oportunidades para domicilios como Luxemburgo, que ofrecerán servicios para domiciliar productos alternativos regulados.
Pero eso conlleva costes adicionales tanto para las entidades como para los inversores que no todos valoran con la misma actitud. Para algunos, esos costes serán muy altos y para otros, serán medianos. La clave es quién los soportará y la opinión general es que serán los inversores pero también los gestores, lo que también podría impulsar cierta consolidación en la industria. Con todo, Thomas van Ditzhuyzen, de Swiss & Global Asset Management en Zurich, no cree que el coste sea clave para el inversor, con tal de estar en un producto regulado: “100 puntos básicos por un due dilligence más sofisticado no son muy importantes”, explica.
Además de los costes, cumplir con los requisitos que exige la Directiva también complica los procesos, sobre todo por lo que supone para los depositarios y otros proveedores de servicios. Los expertos señalan también el riesgo de que la regulación no logre reducir el riesgo sistémico o lo haga mínimamente, ante las dudas de la forma en que los reguladores utilizarán la información que se les proporcione.
Impacto en la industria
En lo que todos coinciden es en que habrá un antes y un después en el escenario de gestión alternativa cuando la directiva entre en vigor, el próximo año. Principalmente, porque ese contexto de mayor regulación estará ligado al control de los riesgos pero también a la disposición a pagar por ello. Por esa razón, Eef Verachtert, vicepresidenta de servicios alternativos al inversor de Brown Brothers Harriman, considera que habrá una bifurcación inversores que opten por productos offshore y los que se decanten por los onshore, bajo la AIFMD. “No hay una tendencia clara, sino una división entre estos dos universos”, comenta.
Una realidad que abre la puerta a la pérdida de clientes por parte de entidades que ahora acepten la regulación, pero también la situación contraria. Según van Ditzhuyzen, los inversores se sienten más cómodos con productos regulados. “Están a favor de gran parte de la regulación; aunque a veces la industria se queja, son ellos los que impulsan las iniciativas legales”. Por eso cree que por un lado existirán las marcas reguladas (UCITS en el espacio de la gestión tradicional y para minoristas y AIMF en el alternativo y para institucionales) y por otro, los productos offshore. En la misma línea, Christopher Hilditch, socio de Schulte Roth & Zabel en Londres, cree que los domicilios tradicionales de hedge funds perderán algo de cuota de mercado, ante la preferencia por productos regulados.
Pero también reconocen que la normativa no es buena para toda la industria, y que habrá gestoras que pierdan clientes. “Domicilios no regulados, como las islas Caimán, se adaptarán a esta realidad con regímenes paralelos que tratarán de captar a los clientes que no quieran estar en productos bajo la directiva europea”, dice Hilditch. Por ejemplo, los clientes más sofisticados, que necesitan productos menos regulados. Otros domicilios, como Suiza, quieren seguir distribuyendo fondos en Europa y se adaptarán a la normativa, añaden los expertos.