La industria de gestión de activos esperaba como agua de mayo la decisión de la Comisión Europea sobre la Retail Investment Strategy (RIS), un paquete de medidas que persigue fomentar la inversión de clientes minoristas en productos de inversión dotándoles de una mayor transparencia. En concreto, lo que más preocupaba a la industria era la decisión que se tomará entorno a las retros, las comisiones que las gestoras retroceden a las distribuidoras que venden sus productos.
Finalmente, la Comisión ha optado por no prohibirlas en los servicios de asesoramiento para tranquilidad del sector, pero sí en los servicios de RTO y comercialización de productos. "Esta prohibición tiene notables implicaciones ya que las entidades tendrán que cobrar explícitamente a los clientes por el servicio de comercialización, lo que seguramente requiera la necesidad de hacer más eficiente la prestación del servicio a través de canales desasistidos (por ejemplo, plataformas)", explicaban en este artículo Maria Pilar Galán, socia responsable del área legal del sector financiero, y Pablo Alonso Montes, senior manager, de KPMG Abogados.
Al fin y al cabo, la prohibición de las retros en estos servicios trae consigo un potencial fuerte tijeretazo en los ingresos por comisiones de las entidades financieras y por tanto en sus ingresos. finReg360 ha puesto números a ese recorte.
Según sus datos, la industria recibe aproximadamente 3.500 millones en incentivos (en esa cifra incluye 2.800 millones de fondos y 700 millones en seguros). De esa cifra, el ingreso en riesgo por la prohibición de incentivos en el servicio de RTO / Venta informada rondaría los 1.675 millones de euros.
El impacto del pricing process
Este impacto solo contempla la potencial reducción de comisiones por la prohibición de intencitos en RTO y venta informada, pero lo cierto es que hay otros impactos que pueden afectar a los ingresos del sector. "Se prevé que tanto fábricas como distribuidores tengan que realizar procesos de aprobación de productos en función de distinas variables para dar acceso a los clientes a los mejores productos y con ello deben demostrar que el precio es proporcional al beneficio que van a aportar a los clientes", explica Sara Gutiérrez, socia de finReg360. Y avisan que esa medida puede llevar a las entidades a vender cada vez más producto de tercero y menos propio, con el consecuente recorte que ello supone para sus ingresos.
Jorge Encinar, socio de finReg360 pone un ejemplo práctico al respecto. Para un grupo bancario con gestora propia y 20.000 millones en fondos (70% en producto propio y un 30% en producto de terceros), el efecto combinado de la prohibición de incentivos en RTO y la aplicación del pricing process, podría suponer un recorte de casi 45 millones de euros (el 30% de sus ingresos actuales), con impacto tanto en su negocio de distribución como de gestión de activos. "El pricing process tiene un impacto notable en las gestoras ya que les obliga a poner a competir su oferta de producto con la de terceros. El efecto indirecto de su aplicación propiciará que las gestoras centren sus esfuerzos en sus gamas más competitivas y los distribuidores incrementen el peso del producto de terceros en su oferta de producto", concluye Encinar.
"Es indudable que esta normativa traerá más competencia en términos de producto y un incremento de la gestión pasiva en las carteras de los clientes minoristas", concluye Jorge Ferrer, finReg360.
