La entrada en vigor de la Directiva de Gestión Alternativa (AIMFD) el próximo julio está revolucionando la industria de la gestión en Europa. El sector se divide entre aquellos más entusiastas que señalan las ventajas de trabajar con una marca común y homologada, un pasaporte comunitario y una mayor transparencia y aquellos que creen que la gestión alternativa está cometiendo un suicidio. “Mientras Europa está inmersa en la directiva, Reino Unido estudia cómo evitarla”, decía Jerôme Wigny, socio del bufete de abogados luxemburgués Elvinger Hoss & Prussen, en el marco de la conferencia de primavera organizada por la asociación luxemburguesa de fondos, ALFI.
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