Ha presentado junto con unto con ADECOSE, AMAEF, el CGCMS una posición común ante las modificaciones planteadas por la Comisión Europea a la Directiva de Distribución de Seguros y al Reglamento sobre productos minoristas de inversión basados en seguros.
UNESPA, junto con ADECOSE, AMAEF, el CGCMS ha presentado una posición común ante las modificaciones planteadas por la Comisión Europea a la Directiva de Distribución de Seguros y al Reglamento sobre productos minoristas de inversión basados en seguros (Reglamento PRIIP). Dichas propuestas conforman la llamada Estrategia de inversión minorista (RIS, en inglés) de la UE. Unas medidas que, según sus cálculos, afectan en España a un patrimonio gestionado superior a 136.000 millones de euros y un total de casi 6.250.000 asegurados.
Desde la asociación valoran positivamente medidas como el reconocimiento del formato digital como opción por defecto para el suministro de información; el deber de los Estados miembros de fomentar la educación financiera; o el esfuerzo por aumentar la transparencia, de forma que los ciudadanos cuenten con información relevante, comparable y comprensible sobre los productos a la hora de tomar sus decisiones sobre inversión.
Sin embargo, presentan una serie de cuestiones que son objeto de preocupación para el sector asegurador, entre las que destacan las siguientes:
Sobre incentivos e información al cliente
Según explican, valoran positivamente el hecho de que se puedan mantener (al menos, temporalmente) los dos modelos en materia de asesoramiento financiero: el régimen de incentivos y el régimen de pago explícito. Pero critica que la propuesta incluye importantes restricciones al cobro de incentivos, "que resultan desproporcionadas y pueden generar efectos contrarios a los objetivos perseguidos por la estrategia". Recuerdan a este respecto, que la retribución de dicha labor vía incentivos es legítima, por lo que se debería ofrecer al consumidor la opción de elegir entre un formato de retribución u otro.
Además, se muestra un tanto disconforme con el hecho de que para medir la calidad del asesoramiento se base en exceso en los costes del servicio o del producto financiero que se ofrece a los clientes. "La propuesta se enfoca excesivamente en los costes, por delante de otras características del producto que pueden ser determinantes para atender las exigencias y necesidades del cliente, llevando a priorizar el producto "más barato" sobre otros que potencialmente podrían ofrecerle un mayor valor al cliente y ser más adecuados a sus necesidades y preferencias", explica.
En cuanto al aumento de los requisitos de información que se aplican en los test de conveniencia e idoneidad, y a pesar de que valora positivamente que siga aumentando la transparencia a la hora de informar sobre los costes, considera que las nuevas exigencias no simplifican la información sino que añade complejidad "incrementando las cargas para los distribuidores y haciendo aún más difícil el acceso de los consumidores a la contratación de este tipo de productos", explica.
Pide, además, una mayor homogeneización en cuanto a la información de los documentos que actualmente se entregan a nivel de costes y riesgos más relevantes para el cliente, siempre sin que ello suponga la entrega de nuevos documentos adicionales.
