Son muchos los fondos garantizados españoles de rendimiento fijo que en sus políticas establecen la inversión en activos de alta calidad crediticia. Y también la mayoría invierte su cartera en deuda pública española. Dos variables unidas y grabadas a fuego en la idiosincrasia de los fondos de capital asegurado nacionales, cuya relación podría ahora cambiar, debido a las últimas rebajas de rating efectuadas por las agencias calificadoras a la deuda pública. Y es que ésta tiene una calificación crediticia de largo plazo de BBB+ por S&P, lo que supone una restricción de inversión en los fondos que tienen una política definida en el contrato mediante la cual se compromete a tener activos de alta calidad crediticia (mínimo de A-) y una violación de la política de inversión en los que, con las mismas normas, ya tenían deuda española en cartera. Lo mismo ocurre con la deuda de las comunidades autónomas y bancos españoles.
“Actualmente casi todos los fondos de inversión garantizados españoles están invertidos en deuda española”, explica Marcos Castro, profesor de la Escuela de Finanzas Aplicadas AFI, indicando que lo están precisamente porque los mecanismos de control del riesgo en estos fondos funcionan bien, en general. “Tras la degradación del mercado de renta fija y desde el punto de vista de riesgos, se limitó la inversión en activos de gobiernos que no fuesen prácticamente Alemania y España y se prohibió la inversión en deuda corporativa. Además se limitó mucho la inversión en derivados. Con estas restricciones, el único activo que permitía generar una cierta rentabilidad para mantener el negocio era la deuda española, un activo con escaso riesgo de impago a pesar de su valor en el mercado”, explica Castro.
Y es que la velocidad de degradación de la deuda española ha sido muy elevada, algo que no ha dado tiempo de reacción en los fondos donde la gestión dinámica puede comprometer la garantía del partícipe. Según los expertos, deshacer las carteras pone en peligro la rentabilidad garantizada, y en este sentido, el riesgo de cambiar la cartera podría ser mayor que el de esperar a vencimiento. “Deshacer la estructura supondría probablemente materializar una pérdida al partícipe, mientras mantenerla significaría supeditar esa pérdida a un evento de crédito del activo que, por otro lado, el garante se ha responsabilizado de cubrir”, dice Castro, por lo que la mejor solución para el partícipe sería el mantemiento de los activos. Y también para el garante, si no prevé un default de la deuda española.
Entre las entidades españolas, Banco Sabadell ha remitido a CNMV varios hechos relevantes, que afectan a varios de sus fondos (Sabadell BS Garantía Fija 9, Sabadell BS Garantía 130 Aniversario y Sabadell BS Garantía Fija 3), que invierten un elevado porcentaje de su patrimonio en valores representativos de la deuda española y se han visto afectados por el descenso de su calificación crediticia hasta niveles inferiores a A-, con lo que el rating de las inversiones en renta fija del fondo se sitúa por debajo de ese nivel. La gestora ha decidido mantenerlos en cartera: “Cualquier actuación tendente a restablecer la calificación crediticia inicial de las inversiones del fondo podría impedir la consecución del objetivo concreto de rentabilidad establecido en el folleto informativo, motivo por el cual el fondo mantendrá en cartera dichos activos”, explica la entidad en hecho relevante.
CNMV establece en la norma 25.4 de la Circular 6/2010 la posibilidad de estos supuestos, que se dan con más frecuencia en los garantizados que tienen como política invertir en activos de alta calidad. A la hora de regularlos, establece que, si por causas sobrevenidas esto ocurre, el gestor debe justificar adecuadamente que el arreglo del incumplimiento (su decisión de mantener activos o venderlos) no impedirá la consecución del objetivo de rentabilidad, es decir, que la decisión no afectará a los intereses del partícipe. Y debe poner ese incumplimiento en conocimiento del inversor, a través de hechos relevantes u otros medios. En el caso de Banc Sabadell Inversión, según explica su director de inversiones José Antonio Pérez Roger, decidieron comunicarlo al supervisor por prudencia.
Para Castro, es lógico que no haya consecuencias legales y que CNMV contemple este supuesto, pues el gestor no tiene culpa si en el momento de construcción de la cartera los activos cumplían con la política de calidad. “Hay que tener en cuenta el coste que puede repercutir al cliente el reestructurar la cartera ahora”, advierte.
Sólo si hay superávit
Para Castro, lo más apropiado es mantener las estructuras actuales, a no ser que el superavit acumulado en el fondo permitiese una reestructuración con activos más seguros. “Reestructurar ahora pasaría por vender los activos a un precio bajo (por la elevada prima de riesgo que se les imputa) y comprar los nuevos a un precio alto. Esto tiene un impacto en el superávit/déficit del fondo que muy probablemente no se podrá soportar, ya que las condiciones particulares del mercado han obligado a estructurar los fondos de manera muy ajustada en cuanto a margen. Si bien por salida de partícipes, bien por exceso de superávit o bien renunciando a la comisión de gestión se pudiese reestructurar sin entrar en un déficit previsto excesivo, entonces sí sería posible”, explica.
Por otro lado, cree que actualmente el problema no es que la estructura genere riesgos, pues el activo no se va a vender en la mayoría de los casos. “Mientras que pague, el fondo cumplirá su garantía. El problema sería que no pagase el activo, algo que en los bonos españoles actualmente no se contempla”, indica. Adicionalmente, contemplando el caso de que los bonos no pagasen, esto significaría un evento de crédito, que no está en principio relacionado con la estructura del fondo y para el que el garante habrá hecho sus estimaciones de riesgo de crédito y, por tanto, las provisiones oportunas. En resumen, cree que lo mejor sería dejar la estructura como está y obligar al garante a cumplir sus responsabilidades en caso de producirse ese evento de crédito.
Castro cree que estas situaciones van a ser cada vez más habituales, ya que la mayoría de los fondos garantizados españoles están invertidos en deuda nacional.