Vivimos en un mundo en constante evolución, lo que conlleva a la aparición de nuevos retos y conceptos. En el sector financiero, caracterizado por su complejidad y sofisticación, la falta de rigor ha sido consecuencia de unos niveles no siempre adecuados de cumplimiento, regulación y profesionalidad.
En el año 2007 entraba en vigor la normativa europea MiFID, representando un auténtico reto para los agentes del mercado financiero, estableciendo la tarea de determinación de objetivos personales y financieros de cada cliente, sus necesidades y prioridades, y su nivel de tolerancia al riesgo. Supuso un importante avance en la regulación del sector pero la crisis puso de manifiesto la existencia de fallos regulatorios a nivel mundial.
Con MiFID II se vuelve a revisar el marco de actuación, intentando proporcionar una mayor protección al inversor. Trata, entre otros aspectos: la ampliación de los instrumentos sometidos a la Directiva; plantea el concepto de asesoramiento independiente; pretende mejorar la transparencia en la fijación del precio de los servicios (inducements); y se hace mención a la responsabilidad que recae en las entidades sobre la preparación y capacidad de asesoramiento de sus agentes.
Junto con esta nueva directiva, hemos visto recientemente una multitud de normativas europeas sobre la industria financiera que se están estudiando y aprobando progresivamente como son la Directiva UCITS V y VI (Collective Investment in Transferable Securities), AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive), EMIR (European Markets Infrastructure Regulation), los PRIPs (Packaged Retail Investment Products), CRD IV (Capital Requirements Directive), etc.
También en EE.UU. están trabajando en estas mismas materias, pero de una forma global - Ley Dodd-Frank - en lugar de realizarlo a través de distintas iniciativas, lo que a priori parece más recomendable por simplificación, sencillez de aplicación y la interrelación existente entre las diferentes regulaciones.
Todas estas implementaciones no están exentas de dificultades pero ponen de manifiesto que nos vamos acercando a un escenario de asesoramiento, con una mayor transparencia, necesaria para que el cliente entienda los riesgos potenciales, los costes o si los productos se ajustan a sus necesidades, superponiéndose poco a poco el modelo Client-Driven al tradicional Product-Driven o modelo Centrado en Productos (más asesoramiento y menos comercialización).
Esta creciente exigencia normativa, una mayor complejidad de la coyuntura económica, la búsqueda de rentabilidades atractivas y el ambiente actual de desconfianza, demandarán una mayor profesionalidad por parte del sector financiero.
Como dijo Miguel de Unamuno, el progreso consiste en el cambio. Pero todavía queda un largo camino por delante donde los profesionales del sector debemos ser una de las claves para el establecimiento de un código ético con el fin de conseguir unos mercados más eficientes y alcanzar unos niveles de protección al consumidor comparables al de otros sectores. Se debe tratar de mejorar el marco regulatorio y de supervisión, a la vez que se simplifiquen, mediante la asignación de responsabilidades de forma clara y concisa. Por otro lado, se deben garantizar niveles mínimos de conocimientos, estableciendo programas que garanticen una cualificación profesional suficiente y continua, necesaria para todos los agentes del mercado, sin olvidarnos de realizar un mayor esfuerzo en la alfabetización financiera de la sociedad.
