El aumento de regulación era una de las consecuencias inevitables de la crisis financiera y, en muchos países, entre ellos España, se están configurando diversas medidas dirigidas a garantizar que los mercados financieros funcionen con más seguridad y transparencia. Esas medidas siguen el programa esbozado por el G20 en 2009, que preveía su implementación a partir de 2013.
En la UE, el desarrollo de la nueva normativa contempla temas similares a los de la regulación que va a ponerse en marcha a escala global según la Agenda del G20.
Las áreas clave de enfoque son:
A) Reforzar las posiciones de capital y liquidez de los bancos.
B) Aplicar una regulación más estricta a las actividades y entidades de la llamada “banca en la sombra”.
C) Aumentar la seguridad de las operaciones de derivados.
D) Establecer límites a determinadas actividades de negociación.
E) Asegurar la eficacia de la estructura de las entidades financieras, así como posibles soluciones en caso de crisis futuras.
F) Proteger al inversor minorista.
La mayoría de las medidas de regulación adoptadas para abordar esas cuestiones ya han empezado a aplicarse. Por ejemplo, la información sobre derivados prevista por la ley Dodd-Frank empezó ya a finales de 2012, y en la UE se aplicarán requisitos de información similares desde mediados de 2013. El ritmo de la implementación irá aumentando progresivamente en los próximos dos a tres años a medida que los organismos reguladores globales y europeos vayan detallando la normativa. El alcance de la regulación es amplio y, en la UE, va más allá de los temas del G20, ya que incluye medidas dirigidas a promover el mercado único de servicios financieros.
Cuando llegue ese momento, los costes de cumplimiento para bancos y otras entidades financieras se incrementarán considerablemente, y también serán más las cuestiones operativas que deberán abordar para satisfacer los requisitos de la normativa. La exigencia de transparencia, muy presente en la nueva reglamentación, tanto en información financiera como en información sobre contratos de derivados, colocará a las entidades ante importantes retos de gestión de datos.
Serán muchas las cuestiones operativas generales que se plantearán al sector financiero como consecuencia de:
1) La necesidad de gestionar eficazmente el colateral en el contexto de la obligatoriedad de compensación centralizada de operaciones de derivados y la reducción del impacto en el capital de la liquidación bilateral.
2) El enfoque de la normativa en la segregación de cuentas y activos de los clientes.
3) La tendencia de la normativa hacia un ciclo de liquidación D+2 en la UE, previsto para 2015.
4) El desplazamiento hacia la nueva metodología SEPA (Zona Única de Pagos en Euros) en las transferencias en euros a partir de 2014.
5) Las revisiones obligatorias de los procedimientos de protección de datos, que afectan al sector financiero.
6) Una mayor complejidad de la legislación sobre sanciones y cumplimiento relacionado.
Impacto desigual entre las entidades
El impacto de algunas de estas cuestiones será desigual para las entidades del sector financiero, pero todas ellas se verán afectadas en alguna medida. Algunas de las nuevas exigencias normativas afectarán de modo distinto a determinados segmentos del sector.
Por ejemplo, el aumento de los requisitos sobre eficiencias de gestión del colateral tendrá un impacto para custodios y depositarios centrales de valores (Central Securities Depositories, CSD) en cuanto a los servicios que deberán prestar a sus clientes.
Los CSD se verán afectados de forma directa por la inminente normativa sobre CSD que regirá su funcionamiento y los servicios que pueden ofrecer. Todos los participantes de los mercados de valores de la UE deberán adoptar un ciclo más corto y aumentar la eficiencia de su liquidación.
El sector de los fondos se ve afectado por nuevos reglamentos directos como la directiva UCITS V y la directiva AIFM (sobre gestores de fondos de inversión alternativos) que, si bien ofrecen posibilidades de ampliar la distribución de productos, también conllevan una mayor supervisión de los reguladores. Las nuevas medidas asignan a los depositarios de fondos nuevas y mayores responsabilidades relacionadas con la depositaría de activos de los fondos a los que prestan servicio.
Los bancos se enfrentan a la perspectiva de unos ratios crecientes de capital y liquidez conforme a la normativa relacionada con Basilea III en la UE, y los requisitos son especialmente estrictos respecto a los ratios considerados de importancia sistémica. Las entidades también se verán sujetas a una supervisión más estrecha del modo en que protegen los datos de sus clientes y de su eficiencia en el proceso de pagos transfronterizos según las nuevas normas SEPA.
Para todos los participantes del sector financiero, ya operen sólo en la UE o, también, más allá de sus fronteras, la eficiencia operativa y una gestión de datos adecuada serán esenciales para cumplir satisfactoriamente la oleada de normativa global sin precedentes que se pondrá en marcha en los próximos años.
* Natasha de Terán, jefa de Asuntos Públicos en Swift, intervendrá en el Business Forum que Swift celebra en Madrid el próximo 5 de marzo.
