En la zona euro la confianza empresarial se ha reducido de nuevo en los últimos dos meses, el clima político sigue siendo frágil sin excepción (Chipre, Portugal, Italia, Francia...), y la situación no es que vaya a mejorar precisamente dibujando esvásticas en retratos de Angela Merkel. Es cierto que, en vista de que durante los últimos meses ha logrado reducir su balance, el BCE podría en teoría comprar deuda privada (créditos titulizados de banca periférica) y justificarlo como parte de su mandato interpretado de manera generosa, pero el contexto europeo no es favorable a la adopción de ese riesgo de crédito. En todo caso en cuanto a la política fiscal va tomando forma un enfoque más flexible, aunque su magnitud no se ha determinado a la espera de las discusiones y definiciones de los programas de estabilidad.
Y sin embargo estamos donde estamos, no sirven las lamentaciones. Sabiendo lo que sabemos ahora, es probable que la unión monetaria no se hubiera llevado a cabo, o se habría hecho de otra manera, con otros parámetros y con otras reglas de juego. Pero ya que no podemos volver atrás en el tiempo, tenemos que partir de lo que existe, es decir, de una zona monetaria donde: primero, las desigualdades están creciendo y, en última instancia, podrían llegar a ser insostenibles, y segundo, no hay una manera sencilla o mecanismos institucionales para desunir lo que está unido.
Por lo tanto, la alternativa es una ruptura sin control o una reforma. Ya se han logrado algunos avances en la reforma de la UEM (pacto fiscal, EFSF-ESM, OMT...), pero el tiempo para completar este trabajo no es ilimitado. La consecución de la unión bancaria (un supervisor único y un mecanismo centralizado de resolución de entidades y garantía de depósitos) es algo esencial para lograrlo. Lamentablemente las elecciones de Alemania en septiembre están retrasando la adopción de cualquier tipo de medida de calado.
Y en este proceso, el peso del Estado en la actividad económica se ha convertido en el núcleo del problema de la consolidación fiscal, en tanto que el aumento sustancial de la deuda pública desde el año 2007 ha reducido el margen de maniobra para las políticas de estabilización y puesto en entredicho la concepción del estado de bienestar y destacado la necesidad de hacer sostenible el coste de los servicios públicos. Para bien o para mal, lo cierto es que cortar el déficit público se ha convertido en un imperativo económico, no uno ideológico. En todo caso el debate debería estar en el ritmo y la composición del ajuste (reducción del gasto frente a aumento de impuestos).