El retraso en la comercialización de planes de promoción pública, la falta de incentivos fiscales y no fiscales y la ausencia de campañas de concienciación limitan el atractivo de estos productos.
Tras más de 13 años con reembolsos netos, los planes de pensiones de empleo volvieron en 2024 a reencontrarse con las cifras positivas. En concreto, este segundo pilar de la industria de pensiones despidió el ejercicio con aportaciones netas de 167 millones de euros. Un punto de inflexión que, sin embargo, no ha sido muy celebrado por la industria.
En un encuentro para dar a conocer el Informe Pensions Outlook 2024 de la OCDE, Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, volvió a insistir en que en estos tres años desde que se anunciara la Reforma de las pensiones que, entre otras cosas, suponía la creación de planes de empleo de promoción pública, "en el tercer pilar se han dejado catalizar más de 10.000 millones de euros y en el de empleo apenas se han conseguido 340 millones de euros".
Qué pasa con los planes de empleo de promoción pública
Gran parte de esos 340 millones se han conseguido a lo largo de 2024 pero esa buena noticia tiene muchos peros. "En 2024 las aportaciones netas han sido positivas por primera vez en 13 años pero se debe solo a un plan sectorial que se lanzó (el de construcción) y a los planes de empleo simplificados de autónomos", afirmó José González, Presidente de la Agrupación de Fondos de Pensiones de Inverco. Ni un euro, de momento, en los 15 planes de empleo de promoción pública, a los que no se han adscrito aún ningún plan de empleo simplificado.
Entre las razones que da el sector para explicar esta falta de interés está la imposibilidad, al menos de momento, de que los distribuidores puedan comercializar estos productos. "La ley tiene aún muchas aristas que limar como la comercialización de los planes de empleo; además, hay que hacer una campaña institucional de concienciación y comercialización", afirma José González. A este respecto hay que recordar que en diciembre se incluyeron en el Proyecto de Ley de Creación de la Autoridad Administrativa Independiente de defensa del cliente financiero algunas medidas para potenciar estos vehículos, al tiempo que se modificaba el artículo 26 bis LRPFP que reconoce expresamente la actividad de comercialización de los planes de pensiones de empleo para las gestoras de IICs y de fondos de pensiones, pero no para los distribuidores, que son los que tienen muchas veces la relación con el cliente.
El problema de los incentivos
Otra de las demandas está en los incentivos para fomentar ese ahorro. Por la parte de ventajas fiscales, se sigue considerando que lo que hay (aportaciones anuales de 1.500 euros deducibles en el IRPF) es insuficiente. Entre las medidas que se contemplaron en la jornada para impulsar ese ahorro están el aumento de las aportaciones máximas independientemente de su fiscalidad. "No entendemos por qué no se puede dejar ahorrar más para la pensión aunque no tenga la ventaja fiscal fiscalidad. Hay que desvincularlo", afirmó Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA.
También, y ya a nivel más europeo, Pablo Antolín, responsable de Seguros y Pensiones en la OCDE, defendió que se puede mirar otro tipo de incentivos no impositivos. “El problema con los incentivos es que son complejos y muchas veces favorecen a los ingresos medios y altos Se deberían promover incentivos no impositivos como contribuciones equivalentes y subsidios parta que las personas con ingresos medios y bajos disfruten también de incentivos similares”, afirma.
Participación de los empleadores
También se puso de relieve la necesidad de una mayor participación en el segundo pilar de pensiones por parte de las empresas y también de la propia administración pública. Carlos Bravo, Secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC.OO., recordó cómo en el año 2012 en pleno austericidio europeo se decidió suprimir las aportaciones a planes de pensiones por parte de la Administración, medida que más de 10 años después se mantiene. "Las administraciones públicas tienen que recuperar las aportaciones y eliminar las prohibiciones de aportar porque deben predicar con el ejemplo", afirmó.
Por su parte, desde la patronal, Olimpia del Águila, Responsable de las áreas de Seguridad Social e Igualdad, CEOE, reclamó "incentivos del siglo XXI" y una mayor visibilidad regulatoria para poder implementar este tipo planes de pensiones desde las empresas. "Para incluirlos en los convenios colectivos necesitamos certidumbre en los costes sociales porque es parte del salario y más certidumbre con un compromiso a largo plazo", aseguró.
