“La ISR está dejando de ser un aspecto de unos pocos para convertirse en una pauta generalizada del mundo empresarial y que afecta a asuntos económicos y sociales”. Así lo expuso Soledad Núñez Ramos, directora general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, en el segundo evento anual de Spainsif sobre inversión socialmente responsable (ISR) celebrado en Madrid. Con respecto al impacto de la crisis en la ISR, considera que aunque parece que “hace más difícil a la incorporación de novedades que supongan costes, hoy más que nunca merece la pena mostrar otra cara de los mercados financieros. No hubo mejor momento que éste”, aseguró.
Para Núñez, existe un mayor avance en la concienciación, por parte de las compañías y de los inversores, sobre su importancia pero también sobre su eficiencia sobre todo a largo plazo, y por tanto, sobre su capacidad de añadir valor.
Inversión a futuro
“La incorporación de criterios ISR conlleva costes en principio, pero si está bien definida, es una inversión a futuro”, explicó, añadiendo que su incorporación es progresiva y está en relación con los recursos y la evolución social. En este sentido, afirmó que la Administración “observa con atención e interés estos procesos para valorar el papel del sector público y determinar si debe ser inspirador, catalizador o meramente observador”. En este sentido, destacó el papel del sector público a través de dos vías: una directa y otra indirecta.
En la primera se enmarca la inversión de los fondos de la Administración Pública, especialmente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con un patrimonio de 62.000 millones de euros, si bien actualmente dicho compromiso se traduce en la inversión total en deuda pública, sobre todo española, excluyendo la renta variable. “Si en algún momento se abre a otros activos, como las bolsas, la ley contempla que tendrá que seguir esos criterios”, comenta Núñez. La experta también mencionó el Fondo de Empresa, también invertido en renta fija, y el Fondo de Pensiones de los trabajadores de la Administración del Estado, gestionado por BBVA, uno de los firmantes de los principios de ISR de la ONU. “Estamos en una primera etapa de transparencia”, comentó Núñez.
En segundo lugar, el sector público ayuda de una forma indirecta, creando un marco para el desarrollo de la ISR, participando en grupos de trabajo o mediante nueva regulación.