En los últimos años, el mercado de la inversión de impacto ha experimentado un crecimiento constante, en parte porque ha estado menos expuesto a la polarización que ha afectado a la sostenibilidad tradicional. Así lo explica Mercedes Valcárcel, directora general de SpainNAB, quien observa cómo este dinamismo convive con desafíos relevantes, desde la necesidad de preservar la integridad del concepto hasta el desarrollo de instrumentos capaces de movilizar más capital privado hacia proyectos con impacto social y ambiental medible.
Valcárcel sienta las bases y describe la inversión de impacto como una estrategia que combina rentabilidad financiera con un objetivo explícito de cambio social o ambiental. La diferencia frente a otros enfoques sostenibles está en la intencionalidad, la medición y la adicionalidad. “Aquí el impacto es un objetivo directo y tiene que poder demostrarse”, subraya. Esa exigencia llevó a SpainNAB a consolidar un Código de Buenas Prácticas, al que ya se han adherido más de veinte instrumentos, con el fin de reforzar estándares y reducir el riesgo de que la etiqueta se utilice sin cumplir los criterios propios del impacto.
Global vs España
En el ámbito internacional, identifica un crecimiento notable en financiación para el desarrollo. La reducción de fondos públicos en países donantes y las nuevas prioridades geopolíticas han impulsado a actores que tradicionalmente no invertían en este espacio, como ONG o family offices, a interesarse por vehículos de impacto. A ello se suma la aparición de instrumentos diseñados para reducir la percepción de riesgo por parte de los inversores privados. “No es que estas inversiones tengan más riesgo; es que muchos las perciben así”, explica. Para corregir esa brecha se han extendido modelos que incorporan primeras pérdidas asumidas desde el sector público, capital más paciente o fondos de asistencia técnica, integrados en esquemas de blended finance o capital catalítico.
En España, el avance reciente está estrechamente vinculado al acompañamiento público. La puesta en marcha de FEDES, gestionado por AECID, y el despliegue del Fondo de Impacto Social de Cofides, con 400 millones de euros, han acelerado la entrada de capital privado y la actividad del mercado. Estos instrumentos han permitido cerrar más operaciones e incorporar nuevos perfiles inversores, desde family offices hasta aseguradoras y fondos de pensiones de empleo, que comienzan a destinar una parte de sus carteras a estrategias de impacto.
Vivienda social y asequible: un ámbito dinámico del ecosistema
La vivienda se ha convertido en una de las prioridades del ecosistema de impacto. El déficit de 700.000 viviendas estimado por el Banco de España entre 2022 y 2025, junto con el hecho de que solo el 1% de la inversión de impacto se destinara a este ámbito en 2023, ha situado este reto en el centro del debate.
En este contexto han surgido nuevas Socimis de vivienda social y asequible que muestran el potencial de movilización de capital privado hacia este ámbito. Mercedes Valcárcel señala dos modelos actualmente operativos o en fase de captación: Primero H, impulsada por Fundación Hogar Sí y ASOCIMI y ALAS, centrada en vivienda asequible. La primera se basa en la adquisición de viviendas individuales que se gestionan en colaboración con entidades sociales, mientras que ALAS construye edificios completos y ya gestiona 700 viviendas, con planes para promover 1.000 más en toda España mediante convenios de derecho de superficie con administraciones locales.
Las rentabilidades previstas se sitúan entre el 2 y el 3% en vivienda social y en torno al 7% en vivienda asequible, con niveles muy bajos de impago gracias al papel de las entidades sociales o a los procesos de evaluación previos de los inquilinos. Para Valcárcel, se trata de “un modelo sólido y con capacidad de escalar”, respaldado por la experiencia de países como Reino Unido, donde estas estructuras operan desde hace años.
Medición del impacto
La medición del impacto es otro de los pilares del sector. Valcárcel destaca que la transparencia es elevada tanto por convicción como por exigencia de los inversores. “La mayoría de los gestores procede del sector financiero y aplica metodologías internacionales desde el primer día”, señala. Pese al avance, sigue existiendo un reto en la falta de homogeneización de indicadores. SpainNAB trabaja en la definición de un marco común que permita comparar datos entre fondos y reportar el impacto agregado del sector en España, un paso que reforzaría la credibilidad y la visibilidad del ecosistema.
En el plano normativo, Valcárcel identifica dos prioridades: avanzar hacia un modelo equivalente al francés 90/10, que permitiría canalizar parte de los activos de libre disposición de aseguradoras y fondos de pensiones hacia proyectos de impacto, y resolver la situación fiscal de los fondos europeos de emprendimiento social (EUSEF/FESE), que hoy no cuentan con el mismo tratamiento que los fondos de capital riesgo pese a ser instrumentos equivalentes. Para Valcárcel, se trata de “una anomalía técnica que genera incertidumbre y limita la entrada de capital institucional”.
Mirando a futuro
De cara al futuro, SpainNAB seguirá trabajando en la movilización de capital, el refuerzo del marco regulatorio y la visibilización del impacto, así como en iniciativas de formación y educación financiera. Valcárcel subraya la importancia de identificar y acompañar a las empresas que ya actúan como empresas de impacto sin tener ese reconocimiento formal. “Hay muchas más de las que creemos, y reforzarlas es esencial para consolidar la economía de impacto en España”, concluye.
