Una encuesta reciente entre 56 gestoras de activos alternativos revela que un 47% no ha solicitado la autorización para comercializar sus productos en la Unión Europea y solo un 32% afirman estar preparadas para hacer frente a la nueva normativa.
El próximo 22 de julio vence el plazo para cumplir con los requisitos de la Directiva 2011/61/UE de Gestores de Fondos de Inversión Alternativos (AIFMD, por sus siglas en inglés) por la que se establecen nuevos requisitos de información y supervisión para las firmas de capital riesgo, hedge funds e inversión inmobiliaria que comercialicen sus productos en la Unión Europea. Sin embargo, un importante porcentaje de gestoras no ha realizado aún los trámites para adaptarse a la nueva normativa, lo que podría tener un impacto significativo sobre su negocio.
Según una reciente encuesta realizada entre 56 gestoras de activos alternativos, de la que se hace eco Investment & Pensions Europe, el 47% de las firmas no ha solicitado la autorización para la comercialización de fondos alternativos en la Unión Europea y solo un 32% afirman estar preparadas para AIFMD. Aproximadamente un 19% tiene previsto presentar la solicitud antes de la fecha límite y, sorprendentemente, un 13% no ha decidido aún qué hacer.
“Resulta obvio que, en general, existe un gran desconocimiento sobre las implicaciones de AIFMD para la industria de gestión alternativa”, explica Georg Reutter, socio de la firma de análisis Kepler Partners, que ha desarrollado la encuesta en colaboración con la especialista en estructuración de fondos Alceda. De hecho, “un 41% de los encuestados reconoce que no la entiende bien”. La encuesta revela que las gestoras radicadas fuera de Europa son las menos preparadas, a pesar del potencial impacto negativo sobre su negocio.
La directiva AIFMD entró en vigor el 22 de julio de 2013, pero el plazo para cumplir con sus requisitos se amplió hasta este año. Uno de los aspectos más atractivos de cumplir con la directiva es la posibilidad de contar con un pasaporte europeo, al estilo UCITS, que permite comercializar los fondos en los Estados miembros de la UE y en otros países del Espacio Económico Europeo (leer más).
