A veces, una buena idea puede tener consecuencias no tan buenas en la práctica. MiFID II nació con el objetivo declarado de ofrecer más protección a los inversores. Para ello, estableció una clara separación entre la comercialización de productos de inversión y el asesoramiento –que pasó a cobrarse de forma explícita– con el fin de evitar los conflictos de interés. La realidad, sin embargo, es que el incremento de costes vinculado a la implementación de la directiva europea y la desaparición de la fuente de ingresos que para muchas entidades suponían las retrocesiones ha dejado huérfanos a los patrimonios más pequeños.