Tanto la CNMV como ESMA han publicado sus comentarios tras el proceso de consulta pública de la Comisión Europea sobre MiFID II. Unas recomendaciones sobre las que han debatido varios expertos de la industria en un debate organizado este miércoles por de Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y en el que se han abordado principalmente cuatro temas: incentivos, clientes y productos, análisis financiero e infraestructuras de mercado.
En cuanto a los plazos previstos de la revisión de MiFID, desde la CNMV han avanzado la entrada en vigor del primer paquete de medidas en enero de 2021. En opinión de Víctor Rodríguez Quejido, director General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales de la CNMV, “ahí deberían las más urgentes, como medidas de alivio burocrático, de las cargas de información, etc.”. Después, habrá más modificaciones en enero de 2022 y la posterior adaptación que es “compleja”.
En su respuesta a Bruselas, el regulador español abría el debate sobre los incentivos, al decir que “respaldaría una evaluación de la posible introducción de una prohibición de incentivos completa para todos los productos minoristas en toda la Unión”. En ese sentido, Rodríguez Quejido ha aclarado que la institución está abierta a que se produzca el debate sobre la prohibición de los incentivos, que ya estaba en el aire”. Eso sí, ha subrayado que eso debería llegar tras un “análisis profundo de las peculiaridades de cada uno de los países, modelos de distribución, posibles efectos sobre los inversores, etc”. Y que, en caso de que eso se debata, “debe ser un paquete conjunto que también afecte a otros productos de inversión basados en seguros como, por ejemplo, los unit linked”.
En opinión de Ángel Martínez Aldama, presidente Inverco, hay cosas que pueden mejorar pero ha advertido a la CNMV que “cualquier cambio implica costes para las entidades y que “si bien hay margen de mejora en muchos aspectos, éstos deben analizarse de forma cautelosa y hacer un análisis coste/beneficio”. Aldama ha subrayado seis puntos a tener en cuenta: la revisión de la información a los clientes profesionales y contrapartes elegibles, la alineación del KIID de PRIPS con el KIID de UCITS (escenarios de rentabilidad y costes de transacción), la promoción absoluta de la información por vía telemática, la simplificación de las normas para los productos no complejos y, en línea con ESMA, la negativa a la prohibición total de los incentivos que, en su opinión, podría acabar derivando en un incremento de los costes.
Unos puntos en los que ha coincidido Rodríguez Quejido, que insta a “evaluar los efectos de una posible prohibición y qué se podría tener en cuenta para mitigar estas consecuencias indeseadas”.
¿Revisión del unbundling?
Otro de los puntos más candentes del debate ha sido el unbundling. Y es que la normativa europea exige a las entidades a separar los costes de análisis y ejecución y publicar, de forma desglosada, si la gestora asume los costes de análisis o los imputa a sus clientes en los fondos. Algo que, tradicionalmente, se incluía directamente en el coste del fondo y que según estos expertos está provocando efectos negativos en la industria.
Según Jorge Yzaguirre, presidente IEAF-FEF y director de BME, “se han reducido los ingresos explícitos para las casas de análisis e incluso las más pequeñas han tenido que reducir de forma dramática el número de valores analizados o dejar de cubrir los más pequeños”. En ese sentido, Yzaguirre ha criticado que aunque antes podría haber un exceso de análisis eso tampoco hacía daño, pero la escasez del mismo sí lo hace ahora. Por eso lanzaron la iniciativa de Lighthouse, para cubrir a los valores huérfanos de la bolsa española.
Para Rodríguez Quejido las consecuencias de ese menor análisis también son “obvias”. Puede que haya “efectos negativos que no se estén compensando con los objetivos de la propia medida”, ha reconocido el experto. Por eso han aconsejado a la Comisión Europea que hubiera una “reconsideración radical sobre este tema e incluso tener la mente abierta a quitarla”. En concreto, desde la CNMV ofrecían la posibilidad de que las empresas puedan optar por no participar, aunque también está la opción de que se quite la obligación para las empresas de menos de 1.000 millones de capitalización.
El nuevo régimen de incentivos y supuestos cerrados ha llevado a muchas empresas a realizar ajustes en sus modelos de negocio e incluso incluir nuevas comisiones, como son las de custodia. En relación a ello, Rodríguez ha reconocido esta dificultad. “No hay ningún proyecto previsto pero está en mente”. Para Aldama, “no es razonable que se pueda cobrar comisión de custodia cuando es producto de tercero y no se pueda cobrar cuando es de la propia gestora”.
Clientes: ¿es necesaria una categoría mixta?
El debate también ha abierto la posibilidad de que haya una clasificación de clientes mixta entre los profesionales y minoristas. Desde Inverco no creen que sea necesaria si se mejoran ciertos aspectos de las ya existentes. En concreto, Aldama ha sugerido que debería haber más flexibilidad al profesional para no tener que enviar el reporting periódico sobre costes y, en el caso del retail, permitirle acceder a productos complejos. Algo que también apoyan desde la CNMV.
