El pasado 31 de mayo, el BOE publicó el Protocolo suscrito entre España y Luxemburgo que modifica el Convenio para evitar la doble imposición (CDI), cuya entrada en vigor (el próximo 16 de julio) supondrá la exclusión, a todos los efectos, del país centroeuropeo de los llamados “paraísos fiscales”. Este hecho ha reavivado el debate en torno a las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) y, concretamente, en relación a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) y su eventual “fuga” a Luxemburgo.
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