El año 2021 iba a estar marcado por la carga normativa que supone la aplicación del primer bloque normativo de divulgación de información relativa a la sostenibilidad. Sin embargo, tal como se señaló en la XVII edición del Debate Legal de FundsPeople, en el corto plazo la aprobación de los presupuestos del Estado y el Pacto de Toledo han puesto el foco, dentro del sector de gestión de activos y patrimonios, en el impacto de la fiscalidad a partir de 2021.
Según Carlos Esquivias, responsable de la Comisión de Vida y Pensiones de Unespa, el objetivo debería ser fomentar el segundo y tercer pilar, básicos para ayudar a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Sin embargo, afirma, “no se entiende que se quiera fomentar el segundo pilar a costa del tercero”. A corto plazo, Esquivias no cree que se vaya a producir una traslación del sistema de pensiones individuales al de empleo. “Para que pueda producirse un desarrollo efectivo del segundo pilar, resulta necesario adoptar una serie de medidas que van a tardar en fructificar muchos años. Hay que tener en cuenta que el 85% de las empresas son pymes. Además, en la situación actual parece todavía más difícil que las empresas puedan aportar recursos al sistema de empleo si no se habilitan otro tipo de incentivos”, reflexiona. Hasta que se desarrollen los sistemas de empleo piensa que para evitar perjudicar el ahorro para la jubilación de un gran número de españoles es necesario seguir manteniendo los límites de aportación a los sistemas individuales en los niveles actuales”. Por otro lado, considera que el plan público de empleo nace con muchas incógnitas y espera los detalles. Desde su perspectiva, sería interesante apostar por una promoción de fondos públicos y que todas aquellas gestoras que cumplieran unos requisitos pudieran entrar a competir como ocurre en Reino Unido con NEST. “Habría mayor competencia y negocio”, comenta.
Según la visión de Josefina García Pedroviejo, directora del área de Fondos de Inversión en Ashurst, hay que evitar cualquier tipo de politización en ese plan y espera que la comisión de control sea verdaderamente independiente.
Señala Jorge Ferrer, socio de finReg360, que reducir los estímulos fiscales para invertir en estos productos acentuará una disminución de la demanda lo que provocará que las entidades pierdan también interés en su comercialización. “Pocos productos nacionales pueden competir con los de nuestro entorno”, destaca. Sin embargo, la competencia podría incrementarse con la aprobación del producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) en el segundo semestre de 2022, pero las medidas tomadas recientemente también podrían restar su atractivo. “Las instituciones europeas han creado un producto de pensiones individual con pasaporte comunitario, con ventajas de portabilidad y de transferibilidad, que difícilmente podrá tener éxito en nuestro país si carece de unos incentivos fiscales adecuados”, contextualiza. Esquivas explica que “previsiblemente el PEPP compartirá el límite de 2.000 euros anuales de aportación con el resto de productos de pensiones individuales existentes a nivel nacional, lo que dificultará notablemente que este nuevo producto europeo pueda tener éxito”.
Las perspectivas tampoco son halagüeñas en el campo de los seguros. Particularmente, en el mundo de los unit linked. Según Alfonso Martínez Parras, abogado en Bufete Barrilero y Asociados, “la modificación de la Ley de acompañamiento va a impedir que cuando el tomador renuncie temporal o definitivamente al derecho de rescate no tribute en aquellas jurisdicciones donde existe el Impuesto sobre el Patrimonio”. Explica Martínez Parras que ahora será imposible utilizar este vehículo para este tipo de planificaciones.
Sicav
Otro de los grandes puntos de debate, aunque esté muy manido, son las sicav. En esta ocasión, todos coinciden con que, ahora sí, están heridas de muerte. “Se va a utilizar la Ley de prevención de fraude fiscal, actualmente en tramitación, para otorgar una nueva competencia a la Agencia Tributaria que verificaría el cumplimiento de una serie de requisitos por parte de estos vehículos”, resume García Pedroviejo.
Alfredo Oñoro, director de Cumplimiento Normativo en Cecabank, señala que las sicav que todavía están operando tendrán que transformarse en otro vehículo para tratar de mantener sus incentivos fiscales, pues difícilmente van a ser capaces de cumplir los requisitos previstos. Para Ferrer es una pena, dado que no hay una razón objetiva para acabar con este vehículo que tributa igual que los fondos de inversión, y perjudicará enormemente a una industria que da puestos de trabajo y que es más competitiva en servicio y precio que la de otros países de nuestro entorno.
Desde su punto de vista, las medidas anunciadas no tienen criterio técnico. “Que la colectividad se mida por número de accionistas en lugar de por el hecho de que cualquiera pueda comprar y vender sus acciones es sencillamente incorrecto y contrario al espíritu de la Directiva UCITS. Además, el límite de 2.500 euros de patrimonio mínimo por accionista que se anuncia ahora no parece que se corresponda con una cifra meditada y, si viene acompañado de otros criterios interpretables, no proporcionará la seguridad jurídica que merecen los inversores”. En este sentido, apunta que es solo una de las medidas anunciadas. “Si no hay condiciones objetivas, el vehículo está herido de muerte”, afirma Ferrer.
La solución de llevar la sicav al extranjero (Luxemburgo o Irlanda), considera Martínez-Parras, es una alternativa con poco recorrido. “Se está trasponiendo una Directiva para evitar la elusión fiscal dentro de la UE”, recuerda el abogado de Barrilero y Asociados, una medida que permitiría al legislador introducir de inmediato o en el futuro la transparencia fiscal internacional respecto a estos instrumentos. Además, subraya que son muy costosas de mantener y trasladar. Por tanto, apuesta por la disolución o transformación en otro tipo de sociedades, teniendo en cuenta en el último caso cómo afecta el Impuesto de Patrimonio según la jurisdicción donde resida el accionista.
En materia de impuestos, de nuevo coinciden todos en que la tasa Tobin también está generando mucha incertidumbre a las entidades nacionales y va en el sentido contrario al resto de Europa. “Ni siquiera se ha aprobado el Reglamento de desarrollo y los modelos para presentar las declaraciones”, advierte García Pedroviejo. Según la abogada en Ashurst, esta medida puede provocar que los inversores internacionales busquen otros mercados y acaben invirtiendo en otros valores donde no tengan que pagar el impuesto. Un punto en el que coincide Oñoro, quien tampoco entiende bien el trasfondo porque la recaudación estimada no será alta. Por otro lado, añade Esquivias, de Unespa, no se ha logrado una exención del impuesto para aquellas transacciones que tienen que ver con fondos de pensiones, como sí ocurre en Francia y en Italia, para no perjudicar el ahorro para la jubilación.
Nuevo presidente de la CNMV
Desde el sector aplauden el nombramiento de Rodrigo Buenaventura como nuevo presidente de la CNMV. “Un perfil muy técnico, de la casa, ha estado en ESMA y conoce en profundidad MiFID II y MiFIR”, destaca Oñoro, quien piensa que es uno de los profesionales más indicados para defender los intereses de España y una reforma sensata de MiFID II.
García Pedroviejo pone el foco para 2021 en la nueva Directiva de comercialización de Instituciones de Inversión Colectiva y su trasposición. “Se introducen figuras muy importantes como el premarketing, especialmente en el sector de alternativos”, comenta. Ferrer pide una flexibilización de las normas de comercialización a minoristas de productos alternativos y echa el ojo a la regulación de los criptoactivos. “Viene MICA, el MiFID de los criptoactivos, no en 2021 pero seguramente en 2022”, anticipa Ferrer. En este sentido, desde Cecabank quieren que esté muy atado desde el lado de la prevención de blanqueo de capitales para trabajar con el activo como depositario. Esquivias celebra que se hayan parado, de momento, los cambios normativos previstos de la normativa de nivel dos de PRIPS y es favorable a mantener en España el modelo europeo de tres supervisores especializados (banca, valores y seguros) . “Aunque debería crearse un supervisor de seguros independiente en nuestro país, que no dependa del Ministerio de Economía”, afirma. Por su parte, Martínez Parras se muestra negativo por el ambiente de subidas de impuestos y aumento de costes en un contexto de tipos bajos a largo plazo.
