TRIBUNA de Christian Daude, economista senior y jefe de la unidad para Colombia y Grecia en el Departamento de Economía de la OCDE, publicada por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).
Los sistemas de pensiones tienen tres grandes objetivos. El primero es lidiar con los riesgos de pobreza en la tercera edad; el segundo es el de redistribuir el ingreso; y el tercero es inducir a la gente que, por varias razones (miopía o también complejidad de las decisiones financieras involucradas o restricciones en los mercados de crédito), no ahorran lo suficiente durante su vida. Los dos primeros objetivos son parte de la red de protección social e incluyen a las pensiones básicas o mínimas.
Existen al menos seis criterios para evaluar los diferentes arreglos institucionales en pensiones:
(i) que el sistema sea obligatorio o voluntario;
(ii) que el sistema se financie en base a un mecanismo de reparto o en base a esquemas de capitalización individual;
(iii) que la administración de los planes sea pública o privada;
(iv) que los beneficios estén “pre-definidos” o que dependan del stock de activos acumulados a la hora de jubilarse (con algún tipo de garantía de ingreso mínimo);
(v) si la relación laboral que define al plan es ocupacional (punto de acceso es el empleador) o personal (papel marginal del empleador);
(vi) si quien soporta el riesgo es el empleador, el proveedor de la pensión, el individuo o el contribuyente.
En los sistemas de pensiones de los países de la OCDE:
(i) todos los países tienen una combinación de diferentes arreglos o programas; la diferencia radica en el peso relativo de cada componente en el ingreso jubilatorio total;
(ii) todos los países tienen algún esquema de capitalización donde las pensiones se financian con los activos financieros acumulados (pueden ser obligatorios o voluntarios; ocupacionales o personales; contener garantías por parte del empleador o no; beneficios definidos (BD), contribuciones definidas (CD) o un híbrido (BD con garantías, CD ajustables);
(iii) todos los países tienen sistemas de capitalización personales voluntarios5.
En varios países los sistemas de capitalización están incrementando su importancia.
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Hay varios países de la OCDE donde más del 50% de la población activa o cotizante tiene un plan ocupacional privado.
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En cuanto a las pensiones públicas, la opinión de la OCDE es que las fuentes de financiamiento para la jubilación deben diversificarse, lo que implica que los esquemas de capitalización individual son complementarios y no sustitutos de las pensiones públicas. Además, las pensiones públicas requieren un balance entre niveles adecuados de pensiones y sostenibilidad fiscal.
En cuanto a las pensiones no-contributivas públicas, éstas son parte de la red de protección social y deben financiarse del presupuesto general con ingresos tributarios.
El envejecimiento poblacional plantea desafíos diferentes para los esquemas de pensiones: mayores tasas de dependencia traen problemas de sostenibilidad financiera para los esquemas de reparto; más años de vida de jubilado (en relación a los años de aporte) traen problemas de sostenibilidad para los sistemas de reparto y pensiones no adecuadas para los sistemas de capitalización.
En cuanto a los sistemas de capitalización individual, la OCDE es de la visión que es necesario mejorar su diseño, con respecto a tres áreas: coherencia; nivel adecuado de las pensiones; y eficiencia.
Coherencia: el sistema debe ser globalmente coherente; las fases de acumulación y de pago tienen que estar en sintonía; se requiere coherencia en monitorear todos los riesgos que afectan el ingreso en la fase de retiro.
Pensiones adecuadas: los planes de CD son complementarios a todas las fuentes para financiar la jubilación; son una parte integral del ingreso total de la jubilación; son diseñados (tasas de contribución, períodos de contribución, fase de desacumulación, etc.) considerando que son un complemento para alcanzar una meta total de nivel de jubilación-ingreso.
Eficiencia: se requiere elegir estrategias de inversión que reducen los riesgos extremos negativos (por ejemplo, estrategias semiautomáticas por defecto para personas cercanas a la edad de retiro); y estructurar bien la fase de pago, para evitar el riesgo de longevidad: retiro programado versus renta vitalicia.
