En los últimos años, las gestoras se han visto obligadas a adaptarse a una avalancha de normativa europea debido a la sostenibilidad, de un lado, y a posibles conflictos de interés, de otro. El leitmotiv de ambos es la transparencia. De un lado, para evitar el greenwashing a la hora de comercializar productos ESG; de otro, para garantizar la imparcialidad de la información proporcionada a los clientes por las entidades.