Desde el estallido de la crisis financiera mundial, allá por 2008, los principales bancos centrales del mundo desarrollado han venido aplicando medidas extraordinarias –tan extraordinarias que, como apuntan muchos expertos, la economía mundial avanza por terreno desconocido y aún no se atisba la salida. Estas medidas tenían como principales objetivos devolver la inflación a niveles razonables, estabilizar los mercados financieros y estimular el crecimiento económico. Aunque aún está por ver su eficacia a largo plazo, parece demostrado que ya han tenido un efecto inequívoco: la represión financiera.
El término represión financiera –introducido por los economistas Edward Shaw y Ronald McKinnon en 1973– hace referencia al conjunto de políticas orientadas a redirigir hacia los gobiernos financiación que normalmente se destinaría a otras inversiones, con objeto de reducir los niveles de deuda pública. Un ejemplo de plena actualidad: los bajísimos tipos de interés –que llegan a ser negativos en algunos casos– a los que se está financiando la deuda gubernamental de la mayoría de los países de la eurozona.
Aunque, como afirman las autoridades monetarias, los beneficios de medidas como mantener los tipos de interés en niveles cercanos al 0%, llevar la tasa de depósito a niveles negativos o comprar deuda a gran escala superan los costes a largo plazo, informes como el que acaba de publicar la firma de reaseguros Swiss Re señalan claramente las consecuencias imprevistas de esta represión financiera, que van desde la penalización del ahorro y el aumento de las desigualdades hasta la creación de potenciales burbujas de activos, el repunte de la inflación o el daño reputacional para los bancos centrales.
Un freno para la economía real
El informe aporta algunas cifras sobre los efectos de la represión financiera para los hogares y los inversores a largo plazo, como aseguradoras y fondos de pensiones: solo en Estados Unidos, la histórica caída de los tipos de interés ha supuesto que los ahorradores dejasen de ingresar 470.000 millones de dólares (netos) en el periodo 2008-2013. En el mismo periodo, el rendimiento de las inversiones de las aseguradoras estadounidenses y europeas –que invierten mayoritariamente en renta fija– se vio minorado en cerca de 400.000 millones de dólares, lo que equivale a un 0,8% anual del promedio de los activos totales.
Swiss Re, que ha desarrollado el primer índice que permite medir la represión financiera, denuncia en su informe que las medidas adoptadas por los bancos centrales no solo reducen la capacidad de los inversores de largo plazo de canalizar financiación hacia la economía real sino que también amenazan el normal funcionamiento de los mercados de capitales, ya que unos tipos de interés artificialmente bajos desincentivan el ahorro necesario para financiar proyectos que estimulen el crecimiento y reduce la presión para que los dirigentes políticos apliquen las reformas estructurales necesarias.
La inversión en infraestructura como clase de activo
Para la firma helvética, la inversión en infraestructuras ofrece a los grandes inversores institucionales, como aseguradoras y fondos de pensiones, un instrumento adecuado para equilibrar sus obligaciones a largo plazo con la generación de flujos constantes. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria y la falta de una clase de activo invertible transparente mantienen las asignaciones a infraestructuras de estos inversores en niveles inferiores a lo que sería deseable.
Ante esta situación, desde Swiss Re abogan por la creación de un instrumento de deuda privada –una clase de activo en sí misma– que permita canalizar el ahorro a largo plazo en el desarrollo de infraestructuras, un sector que, según sus estimaciones, requerirá entre 50 y 70 billones de dólares de aquí a 2030 para financiar proyectos de transporte, energía y construcción.
Propuesta de Swiss Re para la creación de un nuevo instrumento negociable de inversión a largo plazo par la financiación de infraestructuras
